El secretario
general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha destacado hoy la
importancia de que la Comisión Europea haya aprobado ya el Plan Estratégico
Nacional para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027
presentado por España, porque el sector agrario podrá afrontar la próxima
campaña con seguridad jurídica y certidumbre. Los agricultores y ganaderos van
a disponer de tiempo suficiente para conocer con detalle todos los nuevos
aspectos de la nueva PAC y poder planificar sus siembras y su producción.
España se encuentra entre los 7 primeros Estados Miembros de la UE que ha
recibido el visto bueno de Bruselas a su plan nacional, el pasado 31 de agosto.
Fernando
Miranda ha participado hoy, en Mérida, en la inauguración de la jornada “Nueva
PAC Extremadura 2023 – 2027”, organizada por la Junta de Extremadura, a la que
ha asistido el presidente de esta comunidad autónoma, Guillermo Fernández Vara.
Durante
su intervención, el secretario general ha destacado que con el nuevo Plan
Estratégico se aprueban, por primera vez, todas las medidas de la PAC, tanto
las del primer pilar (pagos directos e intervenciones sectoriales) como las del
segundo pilar (medidas de desarrollo rural, entre las que se encuentran las
ayudas ambientales, a la incorporación de jóvenes y a las inversiones, entre
otras. De esta manera, la nueva PAC entrará en vigor en su conjunto al mismo
tiempo en todas las comunidades autónomas, por lo que, por primera vez, todos
los agricultores y ganaderos de España se podrán beneficiar de las medidas
desde el mismo punto de partida, independientemente del lugar donde se
encuentre su explotación.
En
cifras, Fernando Miranda ha recordado que la nueva PAC supone, anualmente,
4.800 millones de euros en ayudas directas, de las que el 61 % se destinarán a
ayudas a la renta y el 23 % a los nuevos ecorregímenes. Se destinarán 582
millones de euros a medidas sectoriales, como los programas de apoyo al sector
del vino, las frutas y hortalizas y el programa apícola.
Las
ayudas al desarrollo rural ascenderán a 1.762 millones anuales, con 70 millones
de euros destinados a la innovación, transferencia del conocimiento y
digitalización; 740 millones de euros a inversiones en el medio rural; 340
millones de euros a medidas agrícolas y ganaderas de carácter ambiental; 140
millones de euros a ayudas a explotaciones situadas en zonas con limitaciones
naturales; y 160 millones de euros a iniciativas de desarrollo local en el
marco del programa LEADER.
Durante
su intervención, Miranda ha hecho hincapié en el apoyo que la nueva PAC da al
relevo generacional, que recibirá 230 millones de euros al año, la mayor cifra
destinada nunca a este fin, que es un 50 % superior a la del anterior período.
La medida de apoyo a los jóvenes incluye un complemento adicional del 15 % de
las ayudas directas para las mujeres que sean titulares de explotación.
Asimismo,
el secretario general ha reiterado el compromiso del ministerio para apoyar los
proyectos de concentración de entidades cooperativas, con ayudas de 50 millones
de euros al año, para que los agricultores puedan participar mejor del valor
añadido de los productos que comercializan.
Fernando
Miranda ha explicado que, una vez aprobado el Plan Estratégico de la PAC, ahora
es momento para que el Gobierno, las comunidades autónomas y las organizaciones
agrarias y cooperativas informen al sector agrario de las novedades y se le
apoye a la hora de tomar las mejores decisiones sobre las siembras o las
producciones, con acciones formativas adaptadas a las necesidades de cada
productor en cada territorio, en cada comarca, con las personas que mejor
conocen cada zona.
En
este sentido, ha señalado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación lanzará, en los próximos días, el calendario de acciones
formativas destinado a comunidades autónomas y al sector.
El
secretario general ha hecho referencia al papel que juegan las ayudas directas
de la PAC como un seguro de renta gratuito que llega a los agricultores y
ganaderos cada año y que, en 2022, comenzará a llegar a partir del próximo 16
de octubre en forma de anticipos que podrán alcanzar los 3.400 millones de
euros, si las comunidades autónomas ordenan todos los pagos disponibles.